Una de las sorpresas desagradables de los Presupuestos del Estado para 2010 es un nuevo incremento del valor catastral de las viviendas. Un aumento discreccional del 1% que contrasta con el desplome del 9% del precio de los pisos en el último año.

Cualquier revisión debería haber sido a la baja, ya que las previsiones indican que la caída de los precios se agudizará en 2010 e, incluso, podría llegar a ser del 22%.

El asidero legal del Gobierno es su propia previsión de inflación –discutida por los expertos–, pero no debe olvidar que la subida del catastro es especialmente gravosa para el bolsillo del contribuyente: lleva aparejada la revisión al alza de otros tributos como la plusvalía local, el IRPF o el IBI.

Éste último ha sido una vía recurrente de los alcaldes para compensar la pérdida de ingresos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria (Madrid es el caso paradigmático), lo que anticipa nuevas subidas en 2010.

Esta cadena impositiva vuelve a castigar con mayor virulencia a las rentas medias, que ya tendrán que asumir la parte mollar de las subidas del IVA, las rentas de capital y la eliminación de la bonificación de 400 euros en el IRPF anunciadas anteriormente.

A la escasa conveniencia de este catastrazo se suman las dudas sobre su legalidad, pues no se ajusta a los términos de la ley, que señala que su evolución debe ser pareja a la del mercado.